México es el país de América Latina en el que, según mediciones de Latinobarómetro, se ha desprestigiado más la democracia y en el que un mayor número de ciudadanos estaría dispuesto a aceptar métodos autoritarios a cambio de seguridad y orden.

El horizonte de la cultura política de los mexicanos sigue siendo sumamente restringido y la práctica de la política entre 1997 y la actualidad ha representado una pedagogía pública negativa. Desde luego que un balance objetivo refutaría parcialmente esa afirmación, pero no puede negarse que la decepción es generalizada y que tiene y tendrá efectos políticos.

El más reciente espectáculo de pedagogía política “retro” lo ha dado la Cámara de Diputados con la carnicería constitucional en que convirtió, para nulificarla, la Reforma Política. Agreguemos a este hecho el empecinamiento por no llegar a acuerdos respecto al nombramiento de los tres consejeros del IFE que desde hace más de un año están pendientes de nombrar por parte de esa Cámara, incurriendo en abierta inconstitucionalidad.

El efecto de conjunto de los liderazgos políticos ha fallado. No se trata de uno o de otro poder del Estado, de tal o cual partido, sino de una característica transversal en la que se combinan lo peor del sistema y lo peor de las prácticas políticas.

Lo peor del sistema. Se ha insistido en que el sistema político cambió en su mitad electoral, pero que ha quedado prácticamente intacto en su mitad gubernativa. La fórmula de la transición mexicana que se pergeñó en 1996 fue para la entonces oposición un arranque, pero para quienes en ese momento dominaban el Estado fue el punto final. Pluralidad política pero no democracia consensual.

Ahora vemos las consecuencias. La convivencia de pluralismo político electoral y la supervivencia de un modelo autoritario para el ejercicio del poder es una perversión política que condena al primero a hacerse añicos al golpear contra el segundo.

Lo que hemos presenciado durante 11 años, cuando se alcanzó la alternancia en la Presidencia, es el conflicto sistemático de esos dos subsistemas. Siendo el segundo el que más importa a los que buscan el poder, han tendido a pervertir al primero. La degradación a la que se intenta someter al IFE es uno de sus indicadores mayores.

Por eso se ha insistido, una y otra vez, que es indispensable reformar el Estado. La estructura interna y relación entre los tres poderes, el federalismo y el municipio. Sin romper las cadenas que desde 1933 transformaron a los ciudadanos en súbditos la democracia no puede crecer, sólo se degradará, se estancará y, eventualmente, involucionará.

Por esta razón se insistió en la prioridad de una revisión constitucional realizada desde el Congreso en concurrencia y consulta con la sociedad y los demás Poderes de la Unión y órganos de gobierno. Se perdió el momento oportuno, se desperdició la oportunidad. Los mexicanos estamos pagando las consecuencias del error. Pero éste se fundó en el cinismo político. Que si los priístas se iban a enojar, que si era mitote refundacional, que si mejor nadábamos de muertito en una pretendida y nunca explicada normalidad democrática que hoy se devela como una enorme anomalía.

La política deliberada de protección de privilegios nos ha conducido al desfonde de la capacidad ordenadora del Estado. Haber optado, por parte de todos los actores decisivos, por no reformar el Estado se fundamentó en la creencia equivocada de que una vez hechos los cambios electorales la gobernanza democrática llegaría por añadidura. Desoyeron a todas las voces que argumentamos la falsedad de este supuesto. Ignorancia, no cinismo, puede concederse. Pero esa ignorancia ha dado paso a la práctica de una política cínica que no es deliberada, sino oportunismo sistémico.

El choque irresoluble entre un sistema electoral reformado y un sistema de ejercicio del poder público autoritario ha abierto la puerta al oportunismo. En ausencia de los viejos controles que garantizaban un poder unicolor, la multiplicidad de actores que responden a múltiples polos sin un eje disciplinante centralizado como el que antes había se entregan a las prácticas oportunistas en el ejercicio del poder, porque el sistema que “regula” este ejercicio no estaba ordenado para funcionar en cada nivel de autonomía de decisión, sino bajo el método de premios y castigos del sistema presidencialista. De ahí la omnipresencia de un cinismo generalizado que, en ausencia de exigencias más fuertes para la reforma del poder y de una fracción de la clase política que consiga imponer este derrotero, campea por sus fueros.

En el Senado se han pronunciado ya voces significativas señalando que no dejarán pasar la retacería constitucional que elaboró la mayoría de los diputados. Veremos.

Por lo pronto, el ogro filantrópico se nos ha vuelto un dinosaurio poligámico.

@pacovaldesu 

Francisco Valdés Ugalde

Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) sede México