Rosaura Ruiz y Bruno Velásquez

En estos días en que la sucesión o las Olimpiadas mantienen ocupada la atención de muchos, en que la violencia barbárica y desatada continúa inundando calles y ahogando vidas, en que miles de jóvenes, despojados de su proyecto por continuar con su formación y construirse un futuro mejor a este presente, se encuentran marginados del sistema educativo y del ámbito laboral, es gratificante ver que desde diversas esferas sociales surgen iniciativas dirigidas a resolver distintas problemáticas que aquejan a nuestro país.
Nuevamente, es la parte más comprometida de nuestra sociedad quien, poniendo manos a la obra, da el ejemplo.
No otra cosa ha sido la legítima y propositiva movilización que pugna por la democratización de los medios, el derecho a la información veraz y la libertad de expresión; el trabajo diario de personas como el sacerdote Solalinde que han dedicado gran parte de su vida a auxiliar y dignificar a los más necesitados, en este caso a los migrantes que atraviesan el territorio nacional; la lucha de pueblos y organizaciones civiles por proteger los recursos naturales de la nación y concientizar sobre distintos modos de explotación que sean sustentables y no comprometan la soberanía mexicana sobre ellos; o, recientemente, el diseño de una Agenda nacional de ciencia, tecnología e innovación que ha resultado de un fructífero diálogo promovido por la UNAM.
Dicha iniciativa ha contado con la relevante participación del IPN, el Conacyt, la ANUIES y la AMC, entre otras muchas instituciones, y está dirigida a contribuir en la necesaria modificación a la actual política en el ramo, pero sobre todo, a propiciar que en el siguiente sexenio se dé el crecimiento y desarrollo del sistema de ciencia, tecnología e innovación que tanto requiere nuestro país.
Algunas de las propuestas que integrarán la versión final del documento, que se espera esté listo en septiembre para ser entregado a representantes del Poder Legislativo y, en su momento, al presidente de la república, son: hacer realidad el mandato legal de invertir, como mínimo, el 1% del PIB en el sector; crear una secretaría de Estado para dicho ramo; reforzar las universidades públicas del país en términos cuantitativos y cualitativos; establecer políticas públicas que incluyan a la educación superior, ciencia e innovación tecnológica en su conjunto, como uno de los elementos fundamentales para promover el desarrollo nacional; priorizar la inclusión social de los jóvenes a partir de una decidida ampliación en la cobertura de la educación superior; impulsar la articulación de las instituciones educativas con el sector productivo; y descentralizar e impulsar el desarrollo regional tomando en cuenta las vocaciones locales específicas.
En pocas palabras, de lo que trata esta agenda es de señalar un camino seguro para erigir una sociedad más justa, cohesionada, productiva y desarrollada, así como de ocuparse de los problemas de la comunidad que el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación puede solucionar o mitigar.
Ahora bien, más allá de la importancia intrínseca que tiene un encuentro de esta magnitud, lo trascendental del caso es que la comunidad académica y científica nacional está haciendo su parte, comprometiéndose, trabajando en conjunto y presentando resultados consensuados para impulsar los cambios que nuestro país requiere.