Si algo nos ha quedado muy claro a todos los mexicanos después del lodazal de acusaciones y evidencias exhibidas en esta campaña electoral es que la verdadera esencia y la fuerza de los partidos y del poder público están sustentadas en una corrupción masiva, integral y aplastante que el pueblo ha sufrido desde siempre, pero que ahora, gracias a este proceso electoral, todos y cada uno de los partidos políticos se han encargado de exhibir y ratificar urbi et orbi.

Las campañas de los partidos que van abajo en las encuestas y del propio gobierno federal no se han dado descanso en sus destapes de cloacas corruptas en las actividades públicas de sus contrincantes, y los medios han exhibido a diestra y siniestra a cuanto pillo burocrático y político han logrado agarrar con las manos en la masa.

Si se descubre un trinquete y un lavadero de dinero del narco en EU, aquí revienta prácticamente en el interior de todos los partidos que han acogido, protegido y promovido a quienes ahora se encuentran sujetos a proceso en ese país y que fueron en su momento candidatos o favoritos de sus cúpulas, demostrando así que existe un denominador común sólidamente establecido en todo el espectro político del país, y éste se expresa en la sacrosanta corrupción, que a diario prevalece y se impone a punta de billetazos, de atracos y de encubrimientos.

En este contexto, la descalificación brutal que el PAN ha hecho de los gobernadores priístas durante la presente campaña ha sido verdaderamente demoledora, ya que en la percepción general de la población no ha quedado duda alguna de los niveles abrumadores de corrupción dentro de las administraciones estatales priístas, que son mayoría en el país y que han refrendado su poder a pesar de su inmoralidad.

El PRD no escapa de esa exhibición y en Zacatecas, Michoacán y Baja California se han expuesto ejemplos contundentes de corrupción, en cuyos procesos están involucrados jerarcas y gobernadores, que han terminado en el desprestigio o en la cárcel. En Acción Nacional, los escándalos que se dieron en Aguascalientes y que ahora se refrendan en Guanajuato, en Morelos y en las dirigencias de ese partido han sido contundentes y hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que prácticamente no hay institución de gobierno de cualquier partido que no haya sido exhibida y descalificada en razón de su corrupción.

Ante esa situación, la candidata Vázquez Mota no ha podido generar un compromiso claro y comprobable de lucha contra dicha corrupción que se ha anidado también en el gobierno federal del PAN, como se evidenció en la CFE, en la Estela de Luz, en el Instituto Nacional de Migración, en el escándalo del IMSS en Hermosillo y en tantos otros casos que se repiten cotidianamente.

Frente a todo este cochinero, Peña Nieto ha preferido no hacer referencia a los desempeños corruptos de sus partidarios y gobernadores que son indefendibles y sólo se ha atrevido a proponer un “observatorio ciudadano” y alguna otra participación testimonial irrelevante de la población en los procesos de transparencia, lo cual es intrascendente dado el nivel de desastre que estamos enfrentando en esa materia.

López Obrador sí ha enarbolado la bandera de la lucha contra la corrupción, sustentándola en el recorte a los salarios faraónicos de las altas esferas burocráticas en todos los poderes, en la reducción en el derroche del gasto público y en la austeridad republicana, pero sin establecer cómo les va a cortar las uñas a quienes, en su partido, han sido un ejemplo bochornoso de inmoralidad, y cómo va a sujetar a su propio gobierno al escrutinio público y a una rendición de cuentas verdaderamente transparente.

Ninguno de los tres candidatos se ha comprometido a generar una estructura genuinamente ciudadana e independiente del poder público y de los partidos políticos, que ejerza un verdadero poder ciudadano que se encargue del control de la corrupción a través de una nueva Auditoría Superior de la Federación ciudadana, que debería ser un órgano verdaderamente autónomo, como en su momento lo fue el Instituto Federal Electoral, cuando auténticos ciudadanos independientes y respetables lograron que se acreditara la democracia electoral que ahora, ya en manos de los partidos, ha quedado tan deteriorada y descalificada.

Ante esta evidente, abrumadora y descarnada corrupción pública, exhibida por sus propios protagonistas, no se puede esperar un verdadero cambio, que los candidatos también eluden o soslayan, mientras los movimientos cívicos que han ido surgiendo o se desinflan solos en razón de su incapacidad para motivar a las grandes mayorías, o el gobierno va comprando a precio de ganga a los que se dejen, hasta convertirlos en simples comparsas, para así garantizar la prevalencia y el triunfo de la corrupción como razón de Estado.

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