La contienda electoral abre la posibilidad de que los partidos políticos se peguen con todo lo que tienen a su alcance. La guerra de lodo exacerba los ánimos y enciende el temperamento de quienes se juegan la posibilidad de ejercer el poder federal en México.

La realidad nos indica que las pasiones desencadenadas durante los procesos electorales no se extinguen con el anuncio del resultado. Quedan en el camino muchos heridos de batalla que con más o menos agravios se aprestarán a tomar un lugar en la mesa de la negociación política. El partido triunfante convocará a sus opositores a la construcción de soluciones para los problemas del país y los convocados deberán acudir a presentar sus diagnósticos, visiones y propuestas. El mandato popular los obliga a dialogar, pero la naturaleza humana nos indica que las heridas de batalla, de uno y otro lado, seguirán presentes en su memoria y que resultará complicado que las injurias proferidas en el fragor de la batalla queden olvidadas en automático. Las leyes electorales deben prever esta realidad y plantear soluciones con toda claridad. Es una lástima que la pasada reforma electoral que estableció una clara prohibición para la guerra sucia entre los partidos, utilizando el efecto spots de radio y televisión, se convirtiera en letra muerta gracias a la forzada interpretación del IFE.

El capital político de los gobiernos es generalmente abundante al inicio de sus administraciones. Las grandes reformas se dan precisamente durante el arranque de los gobiernos; así sucede casi en todo el mundo. En el caso de nuestra patria, son ya urgentes muchas de estas reformas y no tenemos tiempo que perder. De acuerdo con cifras del INEGI y el Banco Mundial, durante la última década, México observó el peor desempeño de la economía de los últimos 80 años. Las empresas mexicanas han perdido competitividad en un escenario globalizado en el que compiten con empresas de todo el mundo. México depende del exterior en materia alimentaria. El abandono del campo mexicano durante la última década ha tenido efectos desastrosos. Por un lado, importamos buena parte de los alimentos que consumimos y, por el otro, la mano de obra agraria ha migrado hacia otras actividades o, peor aun, se ha refugiado en territorio de Estados Unidos. Por su parte, las tarifas eléctricas andan por las nubes, y ello ha contribuido de manera contundente en el deterioro de la economía de millones de familias. La mayor parte de las ciudades mexicanas están expuestas a climas extremosos y esta circunstancia obliga a un mayor consumo de energía eléctrica. Los incrementos afectan también a las empresas mexicanas que enfrentan la competencia de compañías extranjeras en condiciones de desventaja. México es uno de los países con más alto costo de insumos de energía. ¿Cómo se espera que compitan a nivel mundial nuestras empresas, si las de otras latitudes tienen acceso a tarifas de energía muy por debajo de lo que por este mismo concepto se paga en México?

Desempleo, educación, salud, seguridad, competitividad, infraestructura, vivienda, energía y desarrollo social, son tan sólo algunas de las asignaturas pendientes de resolver en nuestro país y que seguramente por la vía de la negociación política será más fácil atender cuanto antes. Los partidos políticos y sus dirigentes deberán ocuparse, en su momento, de dar carpetazo a la contienda e iniciar un proceso de diálogo y entendimiento que se traduzca en el trabajo político que los mexicanos esperamos ver convertido en acciones, soluciones y acuerdos. El costo de la democracia se paga en gran medida con los impuestos de los contribuyentes. Noventa centavos de cada peso que se usa en las campañas políticas provienen de dinero público que a su vez aportan quienes en este país pagan sus impuestos. Lo menos que los mexicanos podemos esperar es que nuestra inversión en los procesos electorales se convierta en alguna forma de beneficio para nosotros y no en provecho exclusivo de los actores políticos de siempre. ¡Ya estuvo!

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