Se decía aquí en la entrega pasada: “Ganaron los huicholes” con la próxima publicación del decreto que declarará reserva libre de explotación minera el área natural protegida que conforma el cerro de El Quemado, en las cercanías del poblado potosino Real de Catorce, considerada zona sagrada o Wirikuta por esa etnia también conocida como wixárika. El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dijo en esa oportunidad que la reserva minera nacional comprendía 45 mil hectáreas, lo que garantizaba la viabilidad ecológica de la región y la salvaguarda de ritos ancestrales como la peregrinación anual del peyote, que forma parte de la concepción del mundo de los huicholes.

Hoy resulta, sin embargo, que estamos ante una tomadura de pelo, una maniobra engañosa y distractora que denuncian las autoridades tradicionales, agrarias y civiles de los huicholes, etnia que se extiende por los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas.

El territorio sagrado huichol no es sólo el cerro El Quemado, sino una extensión muchísimo más amplia, única e indivisible, estimada en 140 mil hectáreas por el Frente en Defensa de Wirikuta.

De acuerdo con cartografías enviadas a esta columna por el referido frente, la superficie en la que se establecería la veda minera corresponde al cerro El Quemado, que es de sólo 761 hectáreas, no las 45 mil a las que se refirió Poiré.

Esa superficie por donar es la misma que la empresa canadiense concesionaria de las minas de la región, la First Majestic Silver Company, ofreció entregar a los huicholes para que cesaran sus acciones de rechazo en defensa de Wirikuta y que ahora volvieron a ofrecer de manera unilateral, es decir, sin consultar con quienes se supone son dueños de esas tierras.

Hay que anotar que no sólo es un reclamo para preservar rituales sino la defensa de una concepción ecológica de la tierra en defensa de una superficie que resultaría altamente contaminada por explotaciones a cielo abierto (práctica prohibida en el país de origen de la minera concesionaria) y el reclamo respecto a los nulos beneficios para la etnia en cuanto a lo que recibiría de la explotación de esa riqueza del subsuelo.

Y este problema se remonta a las reformas salinistas del artículo 27 constitucional de 1992 (que posibilitaron la entrada de las tierras al mercado y de las sociedades mercantiles a la asociación con capital extranjero con autorización de tomar el control sobre los recursos); y a las de la Ley Minera en 1996, 2005 y 2006, que simplificaron el otorgamiento de la concesión, dieron absoluta certeza jurídica al concesionario, permitieron expedir en un solo título la exploración y la explotación, y abrieron totalmente las puertas a la inversión extranjera.

De manera que leyes reglamentarias y principios constitucionales reformados a modo del proyecto neoliberal, se contraponen a otros como el que garantiza los derechos indígenas sobre las tierras que habitan y los recursos de que disponen, lo que ha dado lugar a que haya juicios pendientes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que antes de que se resuelvan, protegen a los huicholes e impiden se tomen resoluciones definitivas sobre el caso.

Además, el gobierno de San Luis Potosí declaró a Wirikuta “sitio de patrimonio histórico y cultural, y zona sujeta a conservación ecológica”, lo que en los hechos debería impedir el otorgamiento de concesiones mineras.

En ese contexto es que autoridades federales, locales y tradicionales acordaron tomar medidas consensuadas desde hace varios meses. Como parte de las negociaciones, la First Majestic Silver Company ya había ofrecido “donar” las 761 hectáreas que los huicholes habían rechazado pero que el jueves pasado el gobierno federal anunció como la reserva nacional minera.

En realidad, la superficie a “donar” excluye las vetas que la minera canadiense va a explotar, de manera que su proyecto continúa intacto. Además, las otras 139 mil hectáreas que conforman Wirikuta también están concesionadas a numerosos mineras transnacionales que disponen de poco más de 76 títulos que abarcan 70% del área natural protegida de la zona sagrada huichol.

Pero la amenaza que representa First Majestic Silver es nada frente a la minera Revolution Resources y su proyecto Universo, que cuenta con más de 59 mil hectáreas concesionadas dentro de la reserva, casi la mitad de Wirikuta.

De manera que la petición del pueblo wixárika es la cancelación de todas las concesiones mineras en las 140 mil hectáreas de su territorio sagrado. Por eso le digo que lo de Poiré, el jueves, fue una tomadura de pelo.

(rrodriguezangular@hotmail.com)

(Twitter: @RaulRodríguezC)