El espacio de maniobra del próximo Presidente de la República está condicionado por el Presupuesto de Egresos y sus proyecciones en el tiempo; no necesariamente por la composición del Congreso o, menos aún, por su margen de victoria electoral. Y aunque la reforma fiscal sigue requiriendo del 51% de la Cámara de Diputados, los votos se pueden obtener negociando dentro y fuera de San Lázaro. 

El sistema de finanzas públicas resulta ya inviable, tanto en su diseño como en sus consecuencias de mediano plazo para cubrir el gasto en salud, seguridad social y educación. Su funcionalidad económica exige una reforma (o varias, de hecho) a la forma en que el Estado mexicano lleva a cabo su política ingreso-gasto en distintas esferas. 

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (“El México del 2012, Reformas a la hacienda pública y al sistema de protección social”) ha demostrado lo anterior, a través del estado que guarda el “balance patrimonial”. Este “compara lo que el gobierno federal destina al gasto de capital constituido por inversión física e inversiones financieras, y lo que recibió por la renta económica del petróleo más el endeudamiento neto.” Sin petróleo no hay equilibrio fiscal y sólo se pospone el déficit mientras haya rentas suficientes. 

Si se resta o separan los ingresos a la Hacienda Pública provenientes del petróleo (y las paraestatales), el gobierno no alcanza con los impuestos (IETU, IVA, ISR, IEPS, al comercio exterior) a cubrir sus gastos corrientes en salud, seguridad social y educación. Los diversos sistemas de pensiones, por su parte, representan una presión creciente a las finanzas públicas que las recientes reformas al IMSS y al ISSSTE no han logrado salvar. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) concuerda, sugiriendo enfáticamente que “México necesita implementar una reforma fiscal de amplio alcance, que permita reducir la dependencia de los ingresos derivados del petróleo y un nuevo recorte de los subsidios al consumo de energía para satisfacer importantes exigencias de gasto en materia de educación y políticas sociales.” (OCDE, enero 2012, Perspectivas OCDE: México; Reformas para el cambio) 

De hecho existe un consenso de que el sistema tributario no corresponde con las necesidades de gasto del país. Las diferencias entre la izquierda y la derecha se han reducido en alguna coyuntura a la ampliación/aumento del IVA, y a prácticamente nada más. 

En el lado del gasto, las diferencias pasan por el tipo idóneo de régimen de seguridad social, el ámbito de la educación pública y la oferta de servicios de salud. El manejo de los ingresos del petróleo y las utilidades de Pemex son un tema aparte. 

Pero la solución a corto o mediano plazo del desequilibrio (real) entre los ingresos y los gastos será el eje de la política durante los próximos años. La educación y la salud, requieren un financiamiento mayor, y también más eficiente. Pero para que el Estado cuente con recursos suficientes es necesario que el gobierno cuente con una base impositiva más amplia. El debate (ideológico, político) sobre cómo deben repartirse esos recursos continuará; pero lo que ya no puede esperar mucho son las medidas necesarias para aumentar los ingresos fiscales. 

emilio.zebadua@hotmail.com 

  Dr. en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard; Director de Educacionyculturaaz.com  y de Útima Instancia Revista de Estudios Jurídico Electorales