Después de 12 años de alternancia, la desarticulación del antiguo régimen ha traído consigo nuevos problemas que no se esperaban, como el fortalecimiento del autoritarismo en los gobiernos de algunas entidades y en otras del crimen organizado, la concentración del poder en manos de los empresarios, en particular los de los medios electrónicos, la persistente impunidad por deficiencias en las instituciones de justicia, entre muchos otros.
Pero en lo relativo a la democracia electoral, hay múltiples indicadores de que nuestras instituciones funcionan con razonable normalidad. ¿Por qué esto no se ha traducido en una campaña en los medios donde se magnifican los problemas, que contribuye a reforzar la desconfianza de los ciudadanos?
En parte, como consecuencia de la elevada conflictividad en la elección presidencial de 2006, la reforma electoral de 2007-2008 introdujo cambios para dotar de mayores facultades tanto al IFE como al TEPJF para resolver muchos problemas que habían quedado pendientes y, al mismo tiempo, estableció límites más claros para la acción de los partidos, de los gobernantes y de los ciudadanos en los procesos electorales.
Se resolvió de forma muy sencilla el gran conflicto del cómputo, ahora, si en un distrito hay resultados muy cerrados, se abren los paquetes y se recuentan los votos. El tema de las cuotas de género también fue definido con mayor precisión, de tal suerte que ahora los partidos sí deben acatar las normas. En el tema de medios, se sustituyó el gasto de cientos de millones de pesos que los partidos realizaban para comprar publicidad, por un reparto de los tiempos que corresponden al Estado y que ahora el IFE reparte de acuerdo con criterios preestablecidos, aprobados por los mismos partidos. Esto puede quitar mucho de lo imprevisto y creativo en las campañas, pero es más equitativo.
Desde una perspectiva desinteresada pueden resultar racionales estas medidas, además de que ya fueron probadas en la elección de 2009 sin graves conflictos. Pero los grandes empresarios de los medios, que no sólo controlan la industria de la comunicación, sino la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, vieron afectados sus intereses de tal forma que han dedicado horas tiempo aire a denostar la ley electoral y las instituciones.
Quedan amenazas más importantes a la democracia, pero éstas otras no están inscritas en el campo de la ley electoral o de sus instituciones. En su reciente visita a México, el papa Benedicto XVI, con el amparo de los gobiernos panistas, reclama cada vez más espacios para su iglesia, como si unir fe religiosa a acción política no representara una ventaja desleal para los contendientes en un proceso electoral.
Pero la peor amenaza proviene, en este proceso, del crimen organizado, porque en los últimos años ha adquirido tal dimensión que pone en riesgo el núcleo del Estado, su capacidad de garantizar la seguridad y de gobernar el territorio nacional. Las denuncias de acoso y persecución a 13 diputados de la Coalición Progresista, en muchos estados del país, vienen a sumarse a experiencias de elecciones locales recientes, como las de Michoacán en 2011, en las cuales varios candidatos de diversos partidos, principalmente del PRD, se vieron obligados a renunciar.
En México el régimen político inició su transformación en 1977 a partir de una serie de reformas electorales que impactaron tres espacios de la vida política, el proceso ha sido muy largo y no puede darse por terminado, pero es necesario entrar a otros aspectos de las instituciones básicas del Estado, porque los problemas que representan la peor amenaza a la democracia mexicana actual no están ni en las leyes electorales ni en las instituciones electorales, sino en otros campos de la vida política que deberían ser motivo de reflexión, como la lucha contra el crimen organizado o el papel de las iglesias en un Estado laico.
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Investigadora del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México