A principio del siglo XX Robert Michel´s entregó a la teoría de las elites una importante del de la ciencia política la ley de hierro de la oligarquía-; a través de la cual sociológicamente  y por la experiencia adquirida como militante del Partido Socialista Alemán, en el que militaron Marx y Engels, descubrió que las dirigencias partidistas que se promovían para impulsar los intereses de todos mediante el partido político, una vez en el mando se comportaban como dueños para satisfacer sus particulares intereses.

En México, este tipo de prácticas partidistas en la era del sistema de partido hegemónico   era normal de no respetar el mandato constitucional que ordena a los partidos políticos ser los agentes de socialización para fomentar una cultura cívica de participación  cívico-política de ciudadanos libres. Y no obstante tantos años de lucha por la democratización del país, iniciada desde el año 1946 con el reconocimiento de los partidos nacionales, sumado a los continuos procesos de reforma electoral para construir una ciudadanía activa, participativa; en donde los partidos políticos quedaron obligados a impulsar el ejercicio democrático en su seno, particularmente en  los proceso de designación de sus dirigencias y de la elección de candidatos.

Sin embargo, pronto pasó la ola democratizadora, pronto se olvidaron las obligaciones para los partidos de ser coadyuvantes de la construcción de la representación política y de la construcción de los gobiernos, pronto las dirigencias descubrieron que “la democracia interna de los partidos políticos”, se miraba bien como herramienta de lucha política mientras no se ejercía el poder, esto para los partidos políticos que fueron oposición sistémica al PRI; y en el caso de este partido cuando perdió la presidencia de la república y varias elecciones, también se dio cuenta que “su democracia interna” lo dividía, lo debilitaba, no teniendo otra alternativa, que regresar a las pasadas prácticas autoritarias y centralizadas en manos de la oligarquía dirigente del partido.

De tal suerte que de pronto todos los partidos políticos se proclaman como los más democráticos, pero el pragmatismo y la búsqueda de recursos por la vía de votos, en su vertiente de partidos cartel, los impulsa al ejercicio y radicalización de toma de decisiones autoritarias y por ende antidemocráticas.  La violación sistemática a respetar la cuota de género es solamente una muestra de lo señalado. Recordemos en 2009 la violación de que fue objeto la nueva disposición de cuota de género en candidaturas que subió de una relación proporcional de 30%/70%, a una relación de 40%/60%, y que produjo el escándalo de la llamadas “juanitas”. En el ámbito local, en las elecciones de Puebla en el año 2010, que mantiene una proporción de 30% como mínimo de un género frente al 70% de otro género, un partido político que no la cumplió, prefirió pagar una multa antes que someterse al imperio de la Ley.

En varios congresos académicos nacionales e internacionales, fueron exhibidos el sistema político mexicano, su sistema de partidos, la falta de democracia interna de los partidos y demás; teniendo como centro de debate la violación a la reciente reforma electoral de 2008 producto de la reforma constitucional 2007 en materia de cuota de género en contra de las mujeres. Es más, se ha cuestionado, el caso de excepción para no respetarse dicho mandato, que no es otro, que el ejercicio de democracia interna de los partidos políticos para nombrara a sus candidatos. Por lo tanto el hecho de que el TEPJF marcara la pauta de aplicar irrestrictamente el principio de legalidad en esta materia, puso al descubierto la falta de cumplimiento por los partidos políticos de fomentar internamente la democracia; asimismo, se le dio un fuerte golpe al ejercicio de oligárquico de la vida interna partidista; lo que al final de cuentas permite adelantar que con tal decisión el IFE se fortalece institucionalmente y manda el mensaje de que: la aplicación de la ley y el principio de legalidad serán principio rector del presente proceso federal electoral.